Mundialismo y subsidiariedad

Dr. Alberto Bárcena

La dimensión mundial del principio de subsidiariedad

El magisterio de la Iglesia ha destacado reiteradamente la necesidad de extender al ámbito internacional los principios generales de su Doctrina Social; de manera muy clara, en los documentos de la segunda mitad del siglo XX; incluyendo, entre ellos, desde luego, el de subsidiariedad; del que conviene recordar aquí que establece que «Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerlo en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común»1 como decía el Beato Juan Pablo II en 1991. Luego, llevando este principio a la esfera internacional, podría decirse que los Estados representan el papel que desempeñan los cuerpos intermedios dentro de una comunidad nacional, partiendo de la base de que existe ya una autoridad global que aspira a reforzarse; y que dicha autoridad asumiría una posición comparable —que no equiparable— a la que ocupa el Estado respecto de los individuos y organismos que forman la sociedad que gobierna; por tanto, debería actuar sin invadir sus competencias, suprimir sus funciones o quitarle su responsabilidad; respetando, en definitiva, su autonomía. En otras palabras, el magisterio ha defendido el respeto a las soberanías nacionales como una necesidad del bien común internacional; y lo ha expresado con toda claridad en varios documentos a lo largo de distintos pontificados.

Decía Benedicto XV, en 1920, que la comunidad internacional debía respetar los derechos de cada nación «… sin anular o destruir, antes bien, respetando y conservando todas las diferencias nacionales».2 Se refería el Papa a la reconstrucción de Europa, en lo material, pero también, y sobre todo, en lo espiritual, al término de la I Guerra Mundial, cuando el continente acababa de ser arbitrariamente “reconstruido”, según los criterios e intereses de las potencias ganadoras en la contienda. De las conversaciones de paz, donde el peso de la masonería fue considerable, la Santa Sede fue cuidadosamente apartada, mientras se constituía, por parte de los mismos vencedores, una institución que ya aspiraba entonces, veladamente, a convertirse en un gobierno mundial; la Sociedad de Naciones, que fracasaría completamente en la década de los treinta.

En todo caso, Benedicto XV apelaba al establecimiento de un espíritu de concordia, de «caridad», que hiciera posible la reconciliación entre los que acababan de combatirse. Ese respeto a las diferencias de cada nación sería la base de una convivencia pacífica: «Restablecida así la situación […] que todos los estados olviden sus mutuos recelos y constituyan una sola sociedad o, mejor, una familia de pueblos, para garantizar la independencia de cada uno y conservar el orden en la sociedad humana».3 Ese espíritu de caridad que debería imperar entre las naciones traería entre sus logros, por tanto, «la independencia» de cada una de ellas, como una garantía del «orden en la sociedad humana»; del bien común, en definitiva. Porque, al igual que ocurre en el orden interno, la aplicación del principio de subsidiariedad garantizaría una verdadera libertad, sin la cual los derechos humanos fundamentales no estarían verdaderamente protegidos.

En un contexto muy diferente decía, años más tarde, Pío XII: «No se trata de abolir las patrias ni de fundir arbitrariamente las razas».4 Significativamente, se lo decía a quienes ponían entonces en marcha el proceso de la unificación europea; que debería culminar, para algunos, en una completa unificación política; algo que se había contemplado ya en el período de entreguerras; aunque no todos sus agentes compartieran una misma visión en cuanto al grado de cohesión que debería alcanzarse entre las naciones, o respecto al sometimiento a una nueva organización política, creada al efecto, que debería constituirse. Aunque en 1957 subsistía por supuesto la amenaza soviética, Pío XII no estaba tratando, en este discurso, de proteger a las naciones europeas de nuevas invasiones en occidente, como había ocurrido en las dos guerras mundiales, sino de una pérdida de sus libertades por otra vía; supuestamente democrática, que no por serlo —al menos formalmente— garantizaba el principio de la acción subsidiaria que la nueva autoridad ejercería, o debería ejercer, sobre las sociedades gobernadas.

Partiendo también del reconocimiento de la existencia de dicha autoridad mundial, confirmaba el Beato Juan XXIII la importancia de mantener el principio en cuestión en un mundo globalizado, como empezaba a ser el suyo, de manera reconocible: «Además, así como en cada Estado es preciso que las relaciones que median entre la autoridad pública y los ciudadanos, las familias y los grupos intermedios, se regulen y gobiernen por el principio de la acción subsidiaria, es justo que las relaciones entre la autoridad pública mundial y las autoridades públicas de cada nación se regulen y rijan por el mismo principio».5 Concretando más su pronunciamiento en el punto siguiente, al concluir: «Es decir, no corresponde a esta autoridad mundial limitar la esfera de acción o invadir la competencia propia de la autoridad pública de cada Estado».6

Abordamos aquí una cuestión crucial para el futuro de Europa —de toda la comunidad internacional realmente— que debía tenerse en cuenta ya entonces, y que no ha dejado de hacerse más acuciante en nuestros días: la base de la legitimidad del poder supraestatal que presida dichas comunidades; la europea y la mundial. Porque ya el mero proyecto de gobierno supranacional resulta una amenaza a las libertades de los ciudadanos, diluidos en una masa informe y, en buena medida desarraigada e inerme, que podría quedar a merced de unos gobernantes escasamente representativos, que acumularían un poder nunca antes logrado en todos los órdenes; incluyendo el espiritual. Resulta por tanto de vital importancia el fijar los límites que los distintos poderes deberían respetar para que se realice el bien común a todos los niveles.

Se cernía ya en el siglo XX, contra el principio de subsidiariedad, la posibilidad de un nuevo totalitarismo, externamente distinto quizá, pero no menos injusto que los que se habían adueñado de Europa en las décadas anteriores; o seguían dominando a la mitad del continente tras el telón de acero. Pío XI los había condenado todos, —fascismo, comunismo, y nacional socialismo— a través de las correspondientes encíclicas,7 pero entre una y otra condena, también había denunciado la amenaza de ese totalitarismo encubierto al conmemorar el cuarenta aniversario de Rerum Novarum: en Quadragesimo Anno habla de un «Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad»;8 «Se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público».9

Esta combinación, denunciada ya en 1931, entre las fuerzas que controlan la economía y la política, innegablemente, se ha injertado en el proceso de concentración de poder que conocemos como mundialismo, tendente a establecer el mínimo número posible de gobiernos independientes a nivel global; uno solo a ser posible, según el criterio de los más radicales; viejo designio de la masonería —especialmente la iluminista— con fuertes apoyos a ambos lados del Atlántico, y notoriamente en las principales organizaciones internacionales; Naciones Unidas y la Unión Europea; donde el porcentaje de funcionarios masones es tan alto como se llegó a denunciar ante el propio Parlamento Europeo en 1985, por parte de los diputados laboristas británicos, que veían de este modo condicionadas sus carreras.10

Ese mundialismo es lo que se ha dado en llamar también con otro nombre: gobernanza mundial; y no hace falta decir que resulta contrario a todos los principios de la DSI. Pero cabe añadir que, además, su incompatibilidad es mayor, más profunda, si se tiene en cuenta que, no solamente disminuye o anula las libertades individuales, sino que establece una nueva “ética” incompatible realmente con los derechos fundamentales de la persona; partiendo de una antropología frecuentemente diversa y adversa de la cristiana. Esa gobernanza global es la que ya influye determinantemente en las legislaciones nacionales de la mayor parte de los países occidentales y los de su área de influencia, o dependencia, más directa, en ciertas cuestiones de la mayor importancia. A título de ejemplo, en 2014 el obispo de Alcalá, Don Juan Antonio Reig Pla, explicaba en los siguientes términos la retirada del proyecto de ley de reforma de la del aborto por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que lo llevaba en su programa electoral:

«Ha llegado la hora de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e “infectado”, como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGBTQ; siervos todos a su vez, de instituciones internacionales (públicas y privadas) para la promoción de la llamada gobernanza mundial al servicio del imperialismo neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no sea un ejemplo para Iberoamérica y para Europa de lo que ellos consideran un “retroceso” inadmisible en materia abortista».11

Unos meses después, para dejarlo más claro, insistía monseñor Reig: «Nos hemos convertido en siervos de las instituciones internacionales para la promoción de la gobernanza mundial»12 Conviene recordar sus palabras pare entender de qué estamos hablando al tratar, como haremos, de la mal llamada «democracia participativa», que aspira a sustituir, o minimizar al menos, el peso de la «representativa»; la única real.

Esa imposición de la “nueva ética”, que acompaña al mundialismo ha sido perceptible claramente a partir de la década de los setenta, consumada ya la revolución sexual de la década anterior, cuando se empezaba a establecer la legalización del aborto; así como la desvinculación absoluta entre sexualidad y reproducción, con las correspondientes repercusiones legales; pero todavía unos años antes parecía imposible que desde las supremas instancias del poder global pudiera propiciarse una legislación contraria a las declaraciones de derechos proclamadas hasta entonces por los mismos organismos que bien pronto empezarían a impulsar su violación. Eso añadiría un factor de inseguridad moral y jurídica de la que hablaremos más adelante; con los correspondientes pronunciamientos en contra de la DSI.

Volviendo a la defensa del principio de subsidiariedad, y los matices que se fueron haciendo a su aplicación a la luz de los cambios sociopolíticos verificados en el mundo de la segunda mitad del siglo XX, llegamos a la encíclica cuyo aniversario se conmemora en esta jornada celebrada en Valencia: La Populorum Progressio. En ella se preveía la creación de una autoridad supraestatal provista de amplios poderes con vistas a establecer una eficaz «colaboración» entre las naciones en un mundo que ya se reconocía inmerso en un proceso globalizador progresivo e imparable:

«Esta colaboración internacional a vocación mundial requiere unas instituciones que la preparen, la coordinen y la rijan hasta constituir un orden jurídico universalmente reconocido. De todo corazón, Nos alentamos a las organizaciones que han puesto mano en esta colaboración para el desarrollo y deseamos que crezca su autoridad. «Vuestra vocación —dijimos a los representantes de las Naciones Unidas en Nueva York— es la de hacer fraternizar no solamente a algunos pueblos, sino a todos los pueblos (…). ¿Quién no ve la necesidad de llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que pueda actuar eficazmente en el terreno jurídico y en el de la política?».13

Pablo VI pensaba que el proceso globalizador, ya en marcha, podía y debía ser aprovechado para promover un acercamiento entre los pueblos de todo el mundo; en la misma línea que veíamos más arriba, seguida por Benedicto XV en 1920, cuando llamaba al establecimiento de un nuevo orden, después de la Gran Guerra, basado en la caridad. Era el mismo concepto llevado a plenitud en un momento en el que el establecimiento de una sociedad internacional fundamentada en una auténtica fraternidad parecía más factible que nunca, gracias al acercamiento entre pueblos y culturas que podía propiciarse desde las Naciones Unidas, y al desarrollo de las comunicaciones a todos los niveles. Por eso citaba sus propias palabras; las que había pronunciado en la sede de dicho organismo, instando a sus representantes a «hacer fraternizar no solamente a algunos pueblos, sino a todos los pueblos».14

Fue una ocasión perdida. Porque principios como solidaridad, justicia social o bien común, a nivel internacional, realmente no se aplicaron; las diferencias entre los países ricos y los que estaban en vías de desarrollo no hicieron sino acrecentarse en los siguientes años sin que llegaran a arbitrarse políticas realmente eficaces que, aplicadas a partir de entonces, hubiesen evitado las injusticias posteriormente consolidadas. El Beato Juan Pablo II denunciaba esta situación, destacando que la necesidad de aplicar la justicia a nivel internacional había sido ya subrayada por sus antecesores: «La distribución desproporcionada de riqueza y miseria, la existencia de Países y Continentes desarrollados y no desarrollados, exigen una justa distribución y la búsqueda de vías para un justo desarrollo de todos. En esta dirección se mueven las enseñanzas contenidas en la Encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII, en la Constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II y en la Encíclica Populorum Progressio de Pablo VI».15 De cara a la consecución de ese objetivo —la justa distribución y el justo desarrollo de todos—, el establecimiento de esa autoridad mundial demandada por Pablo VI cobraba una importancia primordial; no fue así como se interpretó por parte de los dirigentes implicados en el diseño y consolidación del proyecto mundialista. La acción subsidiaria realmente aplicada desde dicha autoridad, contemplando incluso el necesario margen de «gratuidad como expresión de fraternidad»,16 propuesto por Benedicto XVI, hubiera podido alumbrar un mundo muy distinto al actual. El establecimiento de esa “nueva ética” que prácticamente preside las relaciones internacionales y se va permeando en las legislaciones en la medida —muy considerable y ya visible— en que sus promotores van siendo capaces de imponerla, ha convertido a «la autoridad mundial» antes en una amenaza que en el instrumento de justicia imaginado por Pablo VI.

Mundialismo y nueva ética

En relación con el principio de subsidiariedad en su dimensión internacional pudo apreciarse en el pontificado de Benedicto XVI un cambio respecto de la visión contenida en la Populorum Progressio; o sería más apropiado decir que se introdujo un matiz relevante en cuanto a la visión de dicha autoridad mundial. En Caritas in Veritate podemos leer:

«Para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente. La globalización necesita ciertamente una autoridad, en cuanto plantea la consecución de un bien común global; sin embargo, dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz».17

Aquí el gobierno de la globalización no aparece ya como una esperanzadora promesa de cambio hacia el asentamiento de un bien común universal; es más, Benedicto XVI alerta de la necesidad de no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático; y esa advertencia no solo representa una confirmación del magisterio de Benedicto XV y Pío XII, aquí citados —la necesidad de salvaguardar las soberanías de los Estados e incluso «todas las diferencias nacionales»— sino que señala a una realidad amenazante en línea con esa gobernanza mundial sobre cuyo poder alertaba Pío XI en Quadregesimo Anno. De consolidarse ese peligroso poder, sigue diciendo Benedicto XVI, resultaría dañada, en primer lugar, la libertad. Es decir, defiende el concepto de subsidiariedad como garante de las libertades individuales, pero añade que debe respetarse también en orden a lograr una verdadera eficacia. Luego estaba advirtiendo sobre la inminente usurpación del poder político por parte de un totalitarismo nuevo; que como tal no respetaría ni trataría siquiera de alcanzar el bien común. El mundo en el que se escribe esta encíclica ya no es aquel universo confiado, con todas las oportunas reservas, de mediados de los sesenta; el panorama había cambiado sensiblemente; había tenido ya lugar una revolución cultural de consecuencias devastadoras que comenzaba a identificarse con claridad después de la desaparición de la URSS.

Será entonces, tras la caída del muro de Berlín, cuando empiece a imponerse esa nueva ética que se encontraba larvada en el pensamiento europeo desde hacía veinte años. No más, porque hablamos de una revolución cuyo desarrollo ha sido extraordinariamente rápido. Parecía que con el final de la Guerra Fría se llegaba a un “final de la historia” al cesar las tensiones internacionales que caracterizaron al periodo anterior; y sin embargo comenzaba una vertiginosa evolución que planteaba un nuevo escenario cargado de desafíos de toda clase en el que ya nada, en el campo de la antropología, parecía seguro.

Se recogían entonces los amargos frutos de la revolución de los sesenta, liderada por las grandes figuras de la escuela de Frankfurt, cuyo pensamiento podría resumirse como una explosiva mezcla de pansexualismo y “neomarxismo”, apenas reconocido: tras la lucha de clases venía la de los sexos. Entre sus autores destacaba particularmente Herbert Marcuse, que desde la universidad de Berkeley llamaba a la subversión a sus alumnos; que le obedecieron ciegamente en 1968, recorriendo los Estados Unidos en marchas “pacifistas” que daban la réplica al Mayo francés.

En palabras de Marguerite Peeters, «Marcuse preconizaba una revolución cultural o erótica que convirtiera en no represiva a nuestra civilización. Pretendía sustituir el sistema existente por una civilización que permitiera al individuo “ser él mismo”, liberado de toda presión social e institucional. Según él, el nuevo sistema debía ser formado y determinado por los propios impulsos sexuales. Marcuse quería transformar las necesidades instintivas del individuo en valores políticos, la satisfacción de sus impulsos individuales en objetivo deseable para la sociedad. […] Marcuse hizo una síntesis de Marx y Freud»18 La Revolución del 68 aparentemente fracasó; parecía haber sido una tormenta juvenil en un vaso de agua, pero no fue así: la generación que levantó las barricadas del Barrio Latino se aburguesó y fue incorporándose a la sociedad en diversos niveles; por supuesto el académico, el cultural y el mediático, pero también entró en la vida política, y llegado el momento impuso sus criterios; su visión del mundo y del hombre. La demoledora visión de la escuela de Frankfurt y de Freud: solo el impulso sexual es liberador, no así sus consecuencias; el hijo es un lastre del que debe liberarse a la mujer por cualquier medio, incluyendo el aborto. Así, fue legalizándose lo que la Iglesia, con plena justicia, había equiparado al infanticidio unos años antes en Gaudium et Spes, calificándolo de «crimen abominable». En 1974 se legalizaba en Francia.

El doctor Pierre Simon, Gran Maestro del Gran Oriente de Francia, y asesor de la ministra Simone Veil, que dio nombre a aquella ley inicua, calificaba dicha legalización como «una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano».19 Y no le faltaba razón; era un triunfo del relativismo masónico; la proyección de su sincretismo religioso, negador de la Verdad, del Bien y la Belleza, que acabaría imponiéndose poco después.

Mientras, se iba imponiendo también una visión del hombre que, ignorando su dignidad, lo equiparaba a los animales irracionales: del pensamiento del doctor Simon se ocupó oportunamente el Cardenal Ratzinger para denunciar la ideología que iba apoderándose del Occidente paganizado:

«Es impresionante leer algunas afirmaciones de un médico francés que ha sido Gran Maestro de la Gran Logia Masónica de Francia, que preanuncian una medicina concebida como proyecto de cambio de la vida del hombre: «Si la gran victoria de la medicina en el pasado fue la de hacer retroceder la muerte, la segunda victoria será la de cambiar la noción misma de vida (…) La vida humana pierde hoy el carácter absoluto que tenía en el Génesis o en Aristóteles o Buffon, para ser un concepto que se modela y se desarrolla conforma a las leyes, a las ideas y al conocimiento. La vida es lo que hacen los vivientes; es la cultura lo que la determina»; «Y nosotros somos muy conscientes de que esta batalla no es solamente técnica, sino más bien filosófica. La vida como material: este es el principio de nuestra lucha (…) Aquí está justamente la idea-motor: plantear el principio según el cual la vida es un material, en el sentido ecológico del término, y que nos corresponde a nosotros administrarla». Ciertamente, cuando uno se da cuenta de que de este modo todo puede estar a merced del poder y del poder del más fuerte (…) entonces surge el miedo. Ante una «libertad sin ley» (1 Cor 9, 21: anomoi), se trata de huir refugiándose en una «ley sin libertad». Es la otra oscilación, diametralmente opuesta al péndulo de una libertad que ha perdido su nexo con la verdad».20

Esa consideración de la vida humana como material iba extendiéndose como consecuencia, o al tiempo, de la legalización del aborto en la mayor parte de los países occidentales. Se perdía, insensiblemente, el concepto de su sacralidad; así lo expresaba el Beato Juan Pablo II en Evangelium Vitae:

«Si es muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas inocentes o próximas a su ocaso, no menos grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana».21

Casi tan grave como el genocidio del aborto, venía a decir, era la degradación moral que conlleva su legalización; esa es una de las consecuencias que se derivan del valor didáctico del derecho: el ser humano tiende a identificar los conceptos de ley —incluyendo la “positiva” o vigente— y justicia, por lo que las generaciones nacidas con la del aborto ya vigente, o las que crecían al tiempo de su legalización, como decía el Papa, encontraban una mayor dificultad a la hora de discernir entre el bien y el mal; pero también muchos de los que lo habían contemplado como «crimen abominable» terminaban por “adecuarse”, de mejor o peor grado, a la realidad de los tiempos; se había entablado un sordo combate contra la ley natural que ya no daría tregua, alcanzando a todos los aspectos de la vida social. En la misma encíclica, leemos más adelante:

Pero nuestra atención quiere concentrarse, en particular, en otro género de atentados, relativos a la vida naciente y terminal, que presentan caracteres nuevos respecto al pasado y suscitan problemas de gravedad singular, por el hecho de que tienden a perder, en la conciencia colectiva, el carácter de «delitos» y asumir paradójicamente el de «derecho», hasta el punto de pretender con ello un verdadero y propio reconocimiento legal por parte del Estado y la sucesiva ejecución mediante la intervención gratuita de los mismos agentes sanitarios. Estos atentados golpean la vida humana en situaciones de máxima precariedad, cuando está privada de defenderse. Más grave aún es el hecho de que, en gran medida, se produzcan precisamente dentro y por obra de la familia, que constitutivamente está llamada a ser, sin embargo, «santuario de la vida».22

Aparte de poner de relieve las circunstancias agravantes que rodean el crimen del aborto, incide en el hecho de que el delito se convierta en «derecho»; en resumidas cuentas, denunciaba esa inversión del orden natural que suponía su legalización; los “ingenieros sociales” que establecieron este cambio trascendente en la historia, habían apuntado a lo más intangible; el resto vendría por añadidura. El Estado se implicaba de diferentes maneras: no solamente le daba carta de naturaleza legal sino que propiciaba la intervención gratuita de los agentes sanitarios. ¿Dónde quedaba el principio de subsidiariedad? ¿Y los de bien común, y justicia social? ¡Y la visión antropológica cristiana con su correlativo principio iusnaturalista!

En esa misma encíclica se preguntaba el Beato Juan Pablo II: «¿Cómo ha podido llegarse a una situación semejante?».23 Uno de los ejes principales de aquel pontificado fue la defensa de la vida, pero el ataque a la dignidad del hombre no se dirigió solamente contra ese derecho fundamental; conseguido lo principal, ya con esa plataforma, vino el asalto a la familia, convertida en algo sometido a debate; completamente opinable; cuya definición quedaba sometida a los “convenios” que pudieran establecerse sucesivamente. Triunfaba así una visión antropológica opuesta a la cristiana; una concepción del hombre y el derecho que tenía un claro precedente en la Ilustración, como se desprende de la lectura de sus autores. Centrándonos únicamente en uno de los más influyentes, Rousseau, encontramos el germen de un nuevo totalitarismo, que prescindiendo de Dios, somete al hombre al Estado de manera absoluta en todos los órdenes. Veamos algunas citas del Contrato Social: «La base de toda autoridad legítima son las convenciones»;24 «Puesto que la naturaleza no produce ningún derecho, quedan, pues, las convenciones como base de toda autoridad legítima»;25 «La vida no es sólo una merced de la Naturaleza sino un don condicional del Estado».26 Era ya la negación absoluta de los principios Teológico, Cristológico y Antropológico. Se negaban tanto la Revelación como la Razón. El liberalismo moral, el positivismo y el marxismo del siguiente siglo harían el resto. Comenzaba a imponerse, con rostros diferentes, el relativismo; condenado por los papas del siglo XIX como naturalismo; y como modernismo por San Pío X a principios del XX. Llegaría a ser calificado como «dictadura» por Benedicto XVI.

Los “nuevos derechos” y la Ética Planetaria

He seguido el proceso que hizo posible el llegar a la situación sobre la que se interrogaba el Beato Juan Pablo II, y he publicado, al hablar de la lucha de la masonería contra la Iglesia, el relato de dicha degradación moral; cómo se produjo la sustitución de todo un sistema de valores por otro de “contravalores”; y tendría que remontarme no menos de trescientos años atrás, pero la década de los noventa, como queda dicho, marca un punto de inflexión en esa evolución inducida; que no espontánea. He tratado de explicarlo, sucintamente, de la siguiente manera, en esa publicación anterior:27 «las conquistas supuestamente progresistas tenían su principal plataforma en las Naciones Unidas y los eventos organizados por el gran organismo-proyecto de gobierno mundial».28

«La cumbre de El Cairo, de septiembre de 1994, sobre “Población y Desarrollo, se preparó para debatir entre otras cuestiones sobre lo que se llamaba, calculadamente, “salud reproductiva”; “métodos anticonceptivos”; “planificación familiar”; “aborto seguro”., toda una serie de iniciativas que, en la práctica tenían un solo objetivo: reducir lo que suele llamarse la “fertilidad”, o sea el número de nacimientos. En principio en los países pobres, pero realmente en el mundo desarrollado también. Un nuevo ejercicio de secuestro del lenguaje por parte de sus organizadores: cuando hablaban de “derechos reproductivos”, realmente querían decir implantación de “sistemas contraceptivos a nivel universal”; “desvinculación absoluta entre reproducción humana y sexualidad”, y sobre todo “reducción de la familia”; “redefinición” de su concepto. Acudían 20.000 delegados de gobiernos, ONG, y medios de comunicación. Significativamente, el secretario del evento, el doctor Fred Sai, representante de Ghana, era nada menos que el presidente de Planned Parenthood Federation, la mayor central abortista del mundo… ».

«Ya en abril, durante las reuniones de la comisión preparatoria, el propio secretario llegó a amonestar a monseñor Diarmuid Martin, delegado de la Santa Sede, diciendo que “El Vaticano trataba de imponer su concepción de moral sexual en el mundo”, lo que fue muy aplaudido por una tribuna llena de activistas a favor del control de natalidad. La hostilidad hacia la delegación vaticana fue ya una constante. ¿Qué ocurría? Sencillamente, que con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, totalmente involucrado en el asunto, se trataba de establecer “los nuevos derechos”, que no eran aditivos sino excluyentes de los hasta entonces proclamados. Entre esos nuevos derechos, la delegación norteamericana trataba de introducir el “aborto sin restricciones”, como se le comunicó entonces a la embajada de los Estados Unidos en la Santa Sede, sugiriendo que se guardara silencio al respecto en el “país anfitrión”»; «El borrador de El Cairo abordaba el tema de “la familia en sus distintas formas”, y el derecho de los menores a vivir su sexualidad con la guía de las “agencias para la asistencia de la salud reproductiva”, como principales consejeras en materia sexual. El aborto quedaba soterrado bajo términos como “maternidad segura” o “derecho a la fertilidad”. Era el secuestro del lenguaje llevado al virtuosismo».

«Pero en otros párrafos, el texto era más directo: el mismo borrador instaba a los gobiernos “a utilizar los medios de comunicación, incluidos los seriales de radio y televisión, el teatro tradicional y otros medios tradicionales de comunicación”. Y también a introducir programas que llegaran a los “hombres en sus puestos de trabajo, sus hogares, allí donde se reunieran para procrear [sic]”; los adolescentes “deberían ser instruidos en las escuelas y otras organizaciones juveniles”. Nada se dejaba al azar o a la educación de los padres ya cuestionada. Se dibujaba una dictadura orwelliana, disfrazada pero asfixiante».

«Los cardenales residentes en Estados Unidos y el presidente de la conferencia episcopal declararon sentirse “ultrajados” por el hecho de que fuera su gobierno el promotor de aquellas políticas [el 29 de mayo entregaron su declaración en la Casa Blanca deplorando “la promoción del aborto, de los contraceptivos, de la esterilización y la redefinición de la familia”, e instando al presidente Clinton a cambiar la “demoledora” agenda estadounidense]; «Juan Pablo II pasó a la acción: en primer lugar, relacionaba su propio sufrimiento [el 28 de abril de 1994 sufrió una rotura de fémur que hizo necesario implantarle una cadera artificial. Pero la operación no fue totalmente exitosa: ya nunca volvería a andar con normalidad] con el de la Iglesia ante la inminente confrontación de El Cairo; agradecía el “don del sufrimiento” como “necesario”»29; «Unos días más tarde, el 30 de junio, inició una campaña personal basada simplemente en los discursos sabatinos del ángelus: doce discursos de diez minutos denunciando los errores de la próxima conferencia. Defendió, sobre todo, la vida como “el derecho humano básico”, el fundamento de cualquier declaración de derechos; pero habló también del matrimonio “entendido como unión estable entre un hombre y una mujer que se comprometen a entregar mutuamente su propio yo y a crear nueva vida”; “un valor originario de creación”, cuya pérdida significaba “un peligro para la humanidad”. De la sexualidad dijo, por último, que era un “lenguaje propio al servicio del amor, y no podía ser vivida solamente desde un plano instintivo”. Con aquellos discursos había cohesionado a una oposición silenciosa y desarticulada que en todo el planeta asistía estupefacta a los cambios que la ingeniería social anticristiana iba introduciendo a nivel internacional».30

La cumbre de El Cairo, aunque significó un hito histórico en el proceso de deconstrucción moral que se habían propuesto quienes orquestaron aquella ingeniería, no logró consolidar de momento los «nuevos derechos»; y esto se debió en buena parte al posicionamiento del Beato Juan Pablo II. Su biógrafo, George Weigel, a quien seguimos en este apartado,31 lo resumió diciendo que no debe minimizarse «la decisión del papa de no mantener a la Iglesia al margen del debate del anteproyecto político»; «El argumento moral resultó ser el más adecuado para denunciar la imposición de ciertos estilos de vida del Primer Mundo al resto de la humanidad, a través del derecho internacional y la ayuda extranjera».32

Pero, como era de esperar, los directores de esta ingeniería no se darían por vencidos; y enseguida se les presentó una segunda oportunidad; la Cumbre de Pekín, presentada con otro nombre, pero dirigida a lograr los mismos fines que la del año anterior. «El tema central era también idóneo: “la mujer”, y lo coordinaba la Comisión Jurídica de la Mujer, de Naciones Unidas. Esta vez, Clinton no se desgastaría inútilmente; la delegación norteamericana asumiría un perfil bajo porque podía permitírselo: tomaría el relevo la Unión Europea con algunos países aliados: Canadá, Barbados, Sudáfrica y Namibia. Y volverían a la carga con los “derechos reproductivos”; el aborto sin restricciones y algo más: la desaparición de la patria potestad en cuanto a la educación de los menores; los padres no deberían tener ninguna responsabilidad reconocida en esta cuestión».

«Juan Pablo II sabía que debía entrar en liza otra vez: tomó de cara a la confrontación de Pekín una medida inteligente: al frente de la delegación de la Santa Sede iría una mujer; la catedrática de derecho de la Universidad de Harvard, Mary Ann Glendon; una experta en derechos humanos. Porque de eso se trataba: el Beato Juan Pablo II sostenía que no era solamente una cuestión de moralidad; el ataque iba contra esos derechos fundamentales; y el de la vida, insistió, tenía que ser su plataforma; sin su reconocimiento cualquier declaración era injusta, indefendible, con fecha de caducidad. Los derechos de la mujer, por otra parte, eran ignorados, cuando supuestamente se trataba de su “empoderamiento”. Del borrador de Pekín la señora Glendon dijo con razón: “La visión implícita del progreso de la mujer en el documento se basaba en un modelo… en que se eliminaban las responsabilidades familiares o se subordinaban a su éxito personal».33 En palabras de Weigel, «La cuestión fundamental era el hecho de que estaban poniéndose en juego de forma global los derechos humanos en la década de los noventa, […] Para Juan Pablo II, el problema del aborto no era una cuestión aislada, sino la gran cuestión de una cultura mundial emergente, que consolidaría o corrompería las sociedades libres del futuro y su historia. Una vez acordada la premisa de que, en según qué circunstancias, hay vidas humanas que no son imprescindibles, la lógica letal conduciría al infanticidio, la manipulación genética y a políticas de reproducción coercitivas».34

Algo que debe destacarse es el sigilo con el que se desarrollaba el debate en este tipo de cumbres, ya que la versión que publicaban los medios era muy superficial, centrada solamente en aspectos folclóricos, y transmisora, en general, de una visión positiva, haciendo suyo el discurso oficial de sus promotores, sin llegar a informar de las cuestiones de fondo. Es muy revelador el relato de Weigel sobre la despedida del Papa a Joaquín Navarro Valls en vísperas de su partida hacia Pekín y la interpretación de sus palabras por el portavoz de la Santa Sede: «El papa sugirió “Debemos rezar más. Si algo va mal (dijo dirigiéndose a Navarro) busque refugio en el pueblo”. Aquel consejo fue sin duda fundamental no sólo para el portavoz de la Santa Sede, sino para el desarrollo de la conferencia de Pekín, ya que marcó la diferencia».35 Recordando esa despedida, a la vista de la nueva ofensiva de las delegaciones coaligadas tendente a «recuperar en Pekín todo cuanto les había sido negado en El Cairo», Navarro decidió que había llegado el momento de seguir el consejo del Papa: buscar refugio en el pueblo. «Glendon y Navarro-Valls se reunieron el día 8 de septiembre para redactar un comunicado de una página, en el que enumeraron los aspectos contradictorios de la agenda de la coalición. Luego lo enviaron por fax a las redacciones de los periódicos más importantes de Europa. La crónica se publicó el domingo de aquella semana, y el lunes los gobiernos de los distintos estados europeos tuvieron que responder avergonzados a las preguntas de sus parlamentarios. Como consecuencia de ello, los gobiernos empezaron a tomarse en serio la conferencia de Pekín y enviaron instrucciones para que sus respectivas delegaciones no apoyaran la agenda propuesta por la coalición de la Unión Europea. El caso había sido planteado al pueblo a través de los medios de comunicación y el resultado había sido el esperado por Juan Pablo II. “El pueblo” había demostrado tener más sentido moral que aquellos que habían diseñado la agenda de Pekín».36

Pero naturalmente, los miembros de la coalición y todos sus apoyos y aliados no se rendirían solo por eso; el entramado de agencias y organismos dependientes de Naciones Unidas, con la colaboración de un buen número de ONG implicadas en el asunto, hacía posible intentar las veces necesarias la imposición de todos los puntos de sus agendas, bajo el aspecto de convenios o tratados establecidos entre sus directivos. Solo había que esperar. Y la ocasión llegó en junio de 2001, cuando los Comités de los tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas,37 se reunieron en Ginebra para debatir sobre la aplicación de los Derechos Humanos a la «Salud Reproductiva y Sexual», con participación de un buen número de ONG abortistas; Planned Parenthood entre ellas, por descontado. El experto en mundialismo Juan Claudio Sanahuja resumió de este modo el acuerdo, al que se llamó Glen Cove + 538:

En Glen Cove + 5, se decidió avanzar en una interpretación unificada de todos los Comités del sistema de derechos humanos para imponer universalmente los derechos sexuales y reproductivos —que incluyen el aborto—, especialmente de las y los adolescentes, erradicando de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos-deberes de los padres a la educación y a la salud de sus hijos.39

El Comité de Derechos Humanos recomendaba a los estados que «consigan información sobre toda medida estatal destinada a ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurarse de que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan su vida en peligro».40 Es decir, contracepción por cualquier medio incluyendo el aborto libre y gratuito disfrazado de «salud reproductiva». La visión negativa y frustrante, de la maternidad patente en la Escuela de Frankfurt se hacía visible; la Directora de la División para el Avance de la Mujer, Carolyn Hannan,41 acuñaba en 2003 las expresiones de «trabajo, carga o impuesto reproductivo» para referirse a ella. Por eso señalaba la señora Glendon que en el documento de Pekín se ignoraban las obligaciones familiares de la mujer. Lo que se contradice, nuevamente, con el magisterio de la Iglesia. Quienes resultan ya discriminadas son las que se deciden a realizar su vocación a la maternidad. Pablo VI había proclamado, ya en 1971, adelantándose al problema que se apreciaría más nítidamente años después: «La evolución de las legislaciones debe orientarse en el sentido de proteger la vocación propia de la mujer, y al mismo tiempo reconocer su independencia en cuanto persona y la igualdad de sus derechos a participar en la vida económica, social, cultural y política».42 Y, diez años más tarde, añadía  el Beato Juan Pablo II: «Deben revalorizarse socialmente las funciones maternas y paternas».43 En esto reside el reconocimiento de la dignidad de mujer; que sin dejar de defender el resto de sus derechos —los mismos que tiene el hombre—, se le reconozca el de cumplir su propia vocación a fundar una familia; y se la ayude en esa tarea. Pero se plantea la cuestión: ¿Cómo podrá cumplir su acción subsidiaria el Estado en este punto partiendo de la visión cada vez más extendida del feminismo radical sobre la cuestión? ¿Qué voluntad tendrá de hacerlo?, y, sobre todo: de tenerla ¿Le será permitido?

La incompatibilidad de los objetivos de las Cumbres y “Tratados” promovidos por Naciones Unidas con el magisterio de la Iglesia resultaba más visible cada vez: no se trataba ya solamente de defender la vida por encima de cualquier otro “valor” o interés, como establece el primero de los principios generales bioéticos, sino también el derecho de los padres a la educación de los hijos; cuestión de especial gravedad ya que es también una obligación que deben cumplir. La Doctrina lo considera «como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida; como original y primario, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable y (…) por consiguiente no puede ser delegado o usurpado por otros».44 En definitiva, la violación de ese derecho-deber atenta directamente contra el principio de subsidiariedad. Ya en Rerum Novarum, considerada como un antecedente de la defensa de dicho principio, decía León XIII: «Querer, por consiguiente, que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso».45 Y no puede discutirse que el inmiscuirse en las relaciones entre padres e hijos, perjudicando gravemente, además, tanto a unos como a otros, es un claro ejemplo de la esfera privada del individuo; una intromisión inaceptable «en la intimidad de los hogares» por parte del Estado.

Y lo que estaba en marcha en los noventa iba más allá de lo que puede significar, y ha significado, la imposición de una enseñanza laica, separada por completo de la religión y «sus ministros», como decía León XIII en Humanum Genus, la encíclica más completa de cuantas han condenado a la masonería a lo largo del tiempo.46 Esta vez se trataba de educar a los jóvenes en valores contrarios a los cristianos; sin matices. Ya antes de la reunión de Ginebra, el Comité de los Derechos del Niño reclamaba hacer extensivo a los niños el reconocimiento de los «derechos sexuales y reproductivos», para lo que contemplaba como una necesidad el poder “aconsejarles” y, en su caso, ofrecerles “tratamiento médico” «adecuado a su edad y madurez» sin que mediara necesariamente el consentimiento paterno.47 Detrás de tal reconocimiento de nuevos derechos se encuentra, obviamente, el designio de inculcar a sus “beneficiarios” una visión de la sexualidad humana opuesta a la fe y a la razón, las dos principales fuentes de la DSI. Y esos derechos ya se han contemplado: cuando Rodríguez Zapatero logró legalizar que las menores pudieran abortar sin consentimiento paterno estaba aplicando las convenciones y directrices de los Comités y expertos de la ONU; aunque no los mencionara en aras de la “discreción” con las que deben aplicarse tales políticas. En la cumbre a favor de la vida, la familia y las libertades religiosa y de conciencia, celebrada el pasado mes de abril en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo,48 los representantes de Colombia y Nigeria informaron de cómo habían tratado de impedir que dicha educación sexual se introdujera en las escuelas de sus respectivos países: en el primer caso, las movilizaciones fueron de tales proporciones que el Gobierno, temporalmente, suspendió su aplicación. En el caso de Nigeria, los católicos ­—a pesar de la situación que allí viven actualmente— habían promovido una alianza puntual con los musulmanes para presentar un frente común en este caso concreto.

La ponencia que presenté allí, Un momento crítico ante un nuevo escenario mundial, describía resumidamente la evolución inducida del pensamiento occidental que nos había llevado a tener que defender los derechos humanos fundamentales, haciendo el mismo análisis que sirve de base a esta otra, presentada en Valencia. La cumbre de Bruselas resultó útil en un doble aspecto: comprobar la universalidad del problema, del que no escapa ninguno de los países allí representados —si bien algunos, como Hungría y Polonia, están presentando una tenaz resistencia a las políticas que se les tratan de imponer despreciando su soberanía—, y también la constatación de que en todos ellos se está dando la batalla de David contra Goliat49: organizaciones pro vida que resisten al mundialismo y su ética devastadora, con acciones concertadas y movilizaciones mucho más representativas que la falsa «democracia participativa» que promociona el establishment mundialista.

Un mes más tarde, invitado como en Bruselas por Jaime Mayor Oreja, acudí a una segunda cumbre de la misma orientación, organizada, en Budapest, por One of us,50 en colaboración con el gobierno de Hungría; especialmente promovida por su presidente, Viktor Orbán, y la ministra de Estado para la Familia y Juventud, Katalin Novák, con la participación de más de 600 personas de toda Europa, con el fin de «abrir un debate que fomente el desarrollo de una Europa fundamentada en valores sólidos, como la protección de la vida humana… y testimoniar el apoyo y agradecimiento a los países que defienden la familia y la vida con políticas efectivas».51 Mi intervención en este foro denunciaba que el Nuevo Orden Mundial «se basa en un nuevo totalitarismo ya que —como dijo  el Beato Juan Pablo II— “una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”. Uno de sus objetivos es el llamado “control de población”, basado en la esterilización y el aborto proclamado derecho universal. La ideología de género cierra el círculo, imposibilitando a los padres el cumplimiento de su derecho a educar a sus hijos en sus propios valores».52 Las mismas ideas que expresé en Bruselas, y en Valencia después. Aparte de exponer la participación decisiva de la masonería en todo este proceso, en esa denuncia de lo que titulé Nuevo Orden Masónico, señalando los principales objetivos de su ingeniería social, consistió mi ponencia en Budapest. En síntesis, hablaba de lo mismo que en Valencia un mes más tarde, analizando hasta qué punto se ven comprometidos los principios de la DSI en el nuevo escenario mundial. Esas dos cumbres europeas han constituido otros tantos motivos de esperanza: puede constatarse que la resistencia a esa gobernanza anticristiana no sólo no ha desaparecido sino que va tomando mayor conciencia de la situación y de sus posibilidades de actuar en defensa de los valores tradicionales europeos —los verdaderos; los que construyeron Europa— gracias a la puesta en común de las experiencias de las delegaciones asistentes.

La silenciosa revolución social de los noventa necesitaba —y buscaba— imponer un profundo cambio religioso. Citando a quien más tarde sería Benedicto XVI, sintetizaba Sanahuja: «Como decía el Cardenal Ratzinger, para el Nuevo Orden Mundial se convierte en una necesidad destruir el Cristianismo, vaciándolo de su fe en Cristo y en la Iglesia, para convertirlo en una mera doctrina de ayuda, solidaridad social o beneficencia».53 Aunque es dudoso que se trate solamente de una visión utilitarista de la religión; puede encubrir un viejo designio sectario. Como poco, quienes impulsan o apoyan el proyecto parten de un claro escepticismo religioso; si es que no se trata de un “atávico” rechazo al Cristianismo. En cualquier caso, fue también en la década de los noventa cuando se redactaron, por encargo de la ONU que los avaló desde el principio, dos textos que aspiran a sustituir la cristiana por una nueva ética; una nueva religión: La Carta de la Tierra y la Ética Planetaria.

El primero de estos documentos —que no menciona a Dios en absoluto—, persigue preservar el planeta de la amenaza del crecimiento demográfico, y de paso cambiar el paradigma humano: el hombre debe pasar de ser «rey de la creación» a «una pertenencia del planeta», a quien “le debe todo lo que es”.

Que pretendía dar cobertura a un proyecto de ingeniería social quedaba claro al decir: «Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida»54 a fin de lograr un “desarrollo sostenible”, concepto clave de todo el proyecto de reforma contenido en la Carta. Para lograrlo, plantea como una necesidad: «Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra»55, promoviendo «Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva»,56 concepto que incluye, por supuesto, el «aborto seguro».

La Carta ya ha recibido culto: su texto, escrito en papiro, fue llevado en procesión desde el Centro Interconfesional del Diálogo (también llamado Templo del Entendimiento Universal) hasta la sede de la ONU en Nueva York, dentro del arca construida al efecto (Arca de la Esperanza la llamaron) de maderas nobles y decorada con escenas “ecológicas”; trasladada después a Johannesburgo para que, con su mera presencia, «iluminase» a los asistentes. «Fue elaborada para convertirse en paradigma de “una nueva ética para un mundo nuevo”, diseñada por Naciones Unidas; “el decálogo de la Nueva Era” según sus autores. Un “código universal de conducta” para personas y naciones».57 Aparte de su contenido, veladamente panteísta, conviene fijarse en las intenciones de uno de sus redactores principales, Mijaíl Gorbachov, que en 1997, recién terminada, dijo abiertamente: «El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los Diez Mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra».58

Por la misma época se redactaba otro documento complementario; mucho más explícito en cuanto al designio de convertirse en una nueva religión: Ética Planetaria. El proyecto fue presentado en 1993, en el Parlamento de las Religiones del Mundo, y su autor era un teólogo católico heterodoxo —caracterizado por su firme oposición al dogma de la infalibilidad papal— a quien la Santa Sede había prohibido la enseñanza de la Teología católica: Hans Küng. La finalidad de aquel texto era establecer una «nueva ética cósmica, enunciada al estilo de la Masonería, compuesta de una mezcla de gnosis, expresiones de buenos deseos y de la vaga y alienante espiritualidad new age. La Ética Planetaria es una buena respuesta al proyecto de la UNESCO de ética universal de valores relativos. El mismo Küng la define como “una síntesis superadora de todas las religiones del mundo”».59 Hacía así una clara profesión de sincretismo; el viejo proyecto de las logias más cerca que nunca de lograr su imposición universal. No sería demasiado difícil en apariencia; al menos en las sociedades occidentales en las que el relativismo moral ha ido calando hasta alcanzar todos los aspectos de la vida del hombre: cultura, política, información, entretenimiento. Todo se interpreta ya desde esa óptica llegando a convertirse en una verdadera dictadura. De la que habló el Cardenal Ratzinger, horas antes de ser elegido papa:

A quien tiene una fe clara, según el Credo de la Iglesia, se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, “dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina”, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos.

Nosotros, en cambio, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el hombre verdadero. Él es la medida del verdadero humanismo.60

En esa misma homilía trazaba una síntesis de todas las ideologías y doctrinas que habían hecho posible la instauración de aquella dictadura ya evidente, pero aún menos tiránica de lo que llegaría a ser:

«¡Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios!, ¡cuántas corrientes ideológicas!, ¡cuántas modas de pensamiento! […] del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del colectivismo al individualismo radical; del ateísmo a un vago misticismo religioso; del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice san Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error (cf. Ef 4, 14)».61

La nueva ética, inspiradora de los «nuevos derechos», traía elementos de todas esas corrientes. Solo que nunca había estado tan cerca de poderse establecer coercitivamente la ideología procedente de ella. Con el problema añadido, a la hora de defender la verdad, de que esa nueva ideología es dogmática y puede llegar a ser sumamente intolerante, aunque quienes la profesan y extienden pretendan lo contrario, en nombre de una «corrección política» o conjunto de convenciones aceptadas que manifestarán progresivamente una actitud cada vez más ajena, por no decir hostil, a la antropología cristiana y a la Revelación. Por eso habló el Cardenal Ratzinger de «dictadura del relativismo»; un concepto que ya aparecía claramente en el magisterio de su antecesor, quien fue testigo de esa deriva totalitaria del pensamiento occidental; una deriva impuesta, en su versión más intolerante, desde grupos de presión capaces de imponerse hábilmente a las mismas instituciones democráticas; en las que no dejaban de tener un buen número de aliados ideológicos y asociados por interese comunes.

La legitimidad del poder en los principios de la DSI y en la coyuntura actual

Efectivamente, ya en 1991 el Beato Juan Pablo II llamaba la atención sobre ese gran mal que se apoderaba de la comunidad internacional: en la conmemoración del centenario de Rerum Novarum decía:

Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondiente a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde un punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos.62

Primeramente, por tanto, señalaba la cuestión de fondo: el apoderamiento por parte de quienes habían convertido el relativismo en dogma, cuando menos, del espacio público, convertido en coto cerrado para quienes no aceptaran esa posición filosófico-religiosa. Y ciertamente ya entonces, sobre todo en la Europa occidental, y particularmente en los países de tradición católica, los políticos, y personajes públicos en general, de fe —e incluso de práctica— religiosa habían dejado de confesarla en público, para aceptar que lo religioso era algo estrictamente limitado a la esfera privada; no solamente en cuanto a la defensa del depósito sagrado de la tradición dogmática de la Iglesia, sino incluso haciendo extensivo su silencio a la existencia del Creador, o a la mención de cualquier referencia a una “instancia superior e inmutable”, como fuente de derecho o justificación de posicionamientos en cualquier materia. Era una gran victoria del sincretismo relativista masónico denunciado en su día por León XIII; y en 1985 por el que sería su sucesor, el Cardenal Ratzinger, siendo prefecto para Doctrina de la Fe, en el editorial publicado por L’ Osservatore Romano el 20 de febrero, con el título “Reflexiones un año después de la Declaración de la Doctrina de la Fe. Incompatibilidad entre la fe cristiana y la Masonería”.63

Pero en Centesimus Annus  el Beato Juan Pablo II avisaba también del peligro que entrañaba la imposición del dogma relativista para la propia democracia, en cuyo nombre, supuestamente, se establecía:

A este propósito, hay que observar que, si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.64

Y no cabe duda de que este era el caso: rechazada la «verdad última», la nueva ideología imperante sería instrumentalizada para «fines de poder», con el resultado de que un nuevo totalitarismo, «visible o encubierto», vendría a establecerse sobre las naciones que seguían blasonando de democráticas; es más, que apelaban a los términos “democracia” o “demócrata” con verdadero abuso y tergiversación de su auténtico significado para justificar acciones o iniciativas legales por completo opuestas al mismo. Todos los principios de la DSI se verían conculcados —ya lo estaban siendo entonces— gravemente con la instauración del nuevo régimen totalitario desde sus primeras fases; muy señaladamente el de subsidiariedad, que defiende la intangibilidad de la esfera privada del individuo y de las familias, más allá de la asistencia que el Estado debe prestarles para el cumplimiento de sus fines, en la medida que lo necesiten.

Por otra parte, en el mismo punto de la encíclica que venimos comentando podemos leer:

«La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por eso mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana».65

Estaba describiendo, exactamente, lo que ya ocurría: grupos restringidos de “dirigentes”, por motivos tanto ideológicos como de intereses particulares, usurpaban el poder del Estado, mientras imponían una concepción extraviada, y sumamente devaluada, de la persona humana. Por lo tanto, la democracia «autentica» estaba en proceso de convertirse en utopía utilizable por los nuevos dirigentes y sus socios institucionales simplemente para mantenerse en ese poder que habían usurpado.

Porque la imposición de la “ética” relativista se ha llevado a cabo utilizando un entramado de organizaciones internacionales —con sus agencias e instituciones vinculadas—, lobbies, «organizaciones pantalla», ONG, fundaciones, y un relativamente reducido grupo de políticos y directivos —financieros y mediáticos— asociados, con sus respectivas clientelas, que perseguían unos «fines imposibles de alcanzar democráticamente en sus respectivos países»,66 como decía el citado biógrafo del Beato Juan Pablo II al explicar la génesis del proceso por el que, utilizando las grandes cumbres de los noventa, se empezaron a establecer los llamados «nuevos derechos». Para ello, desde el principio buscaron vestir de «consensos» o «convenios» sus decisiones destinadas a imponerse siempre que fuera posible como ley positiva.

Un buen ejemplo es la Recomendación nº 24 del CEDAW (División para el Avance de la Mujer de Naciones Unidas), de febrero de 1999. Primeramente, en su apartado 3º, se amparan sus redactores en las cumbres de El Cairo y Pekín, y ya en el nº 11 señala, descalificándolos, a los gobiernos que se nieguen a implementar sus políticas: «la negativa de un Estado Parte a proveer la prestación de determinados servicios de salud reproductiva en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios».67 Sin mencionarlo, estaban preparando la manera de sortear la objeción de conciencia que pudieran presentar los agentes sanitarios a practicar un aborto; convirtiéndoles en cómplices del mismo, ya que les trataba de obligar a remitir a la mujer a una clínica donde se lo practicaran. Lo mismo puede decirse del resto de prácticas, opuestas a la DSI, relacionadas con el fin de la vida o su transmisión; en contra de los principios bioéticos.

En los párrafos 14 y 15, manifestaban sus designios totalitarios tratando de penalizar a los Estados que no se avinieran a legalizar el aborto; aunque seguían sin nombrarlo: «Los Estados parte no deben restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, su compañero, sus padres, o las autoridades sanitarias, por no estar casada o por su condición de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones».68 Evitando siempre la palabra aborto trataban de eliminar cualquier obstáculo que pudiera impedirlo, pasando por encima de las «autoridades sanitarias» y de las propias leyes nacionales; es decir, despreciando expresamente la soberanía de los «Estados parte»; abiertamente en contra del principio de subsidiariedad en su dimensión internacional. El documento en cuestión constituye un claro ejemplo de la amenaza de ese «peligroso poder universal de tipo monocrático» del que hablaba Benedicto XVI.69

La Santa Sede reaccionó advirtiendo sobre las «inaceptables» propuestas de las Naciones Unidas, a través del Secretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano, Monseñor Jean-Louis Tauran, que dijo entre otras cosas: «el CEDAW difundió en febrero de 1999 una Recomendación General en la que condenaba las leyes que prohíben el aborto. En la misma recomendación dice que el Estado debería ofrecer los servicios de salud reproductiva incluso en aquellos casos en que se opongan las autoridades sanitarias». En la misma declaración, Monseñor Tauran aludía a la condenable labor realizada por la UNICEF, y el ACNUR.70 «por su decisiva participación en el programa de control de nacimientos», y terminaba refiriéndose también a la OMS: «las declaraciones oficiales de la OMS reflejan tendencias que son inaceptables para la Santa Sede».71 Cinco años después de la Cumbre de El Cairo la lucha por la vida se mantenía como al principio; para eso había fundado la Academia Pro Vita  el Beato Juan Pablo II.

Los adalides del mundialismo habían entronizado, frente a ese derecho fundamental, primario, y de ley natural, el artificialmente creado «derecho a elegir»: elegirlo todo; desde el «género» propio, que es mudable además, hasta el poder escoger entre vida (lograda a través de cualquier medio, partiendo de un supuesto “derecho al hijo”) y muerte (aborto y eutanasia). La nueva ética, obviamente luciferina, convertía al hombre en Dios, estableciendo impositivamente una autonomía moral opuesta a la Revelación desde el primero de los libros de la Biblia: «… del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si comieres morirás».72 Opuesta, por tanto, al magisterio de la Iglesia: «La libertad, como facultad que perfecciona al hombre, debe aplicarse exclusivamente a la verdad y al bien»;73 y «Por tanto la naturaleza de la libertad humana… incluye la necesidad de obedecer a una razón suprema y eterna, que no es otra que la autoridad de Dios»,74 dijo León XIII al pronunciarse sobre la cuestión, confirmando todo el magisterio anterior.

Luego, indiscutiblemente, la “nueva ética” es rechazada por la DSI desde sus fundamentos; e impregna, deslegitimándolo, todo el designio mundialista que trata de imponerla como es patente a la vista de los documentos y actuaciones concretas de los organismos que lo impulsan.

Pero siendo éste el principal argumento contra ese “movimiento” que aspira a consolidar la llamada gobernanza mundial, estatalizándola, no es el único que puede objetarse desde el punto de vista del magisterio. Como ya vimos, todos los principios de la DSI se verían rechazados con el definitivo asentamiento del proyecto, pero volveremos a ocuparnos del de subsidiariedad. Para comprender hasta qué punto se le ignora, debemos profundizar no ya en la actuación de los organismos internacionales, que ha quedado vista, sino en algo menos fácil de estudiar o simplemente identificar, como es la manera en que opera el entramado que aspira a controlar el poder sobre todo el planeta o la mayor parte del mismo; toda la que sea posible.

Seguiremos en este apartado el trabajo, no superado, de Marguerite Peeters. Para explicar el secuestro de la democracia auténtica, se remonta al momento crucial que significó el final de la Guerra Fría, cuando cambia bruscamente el contexto mundial y se aceleran los cambios ya iniciados: «El proceso de construcción del nuevo consenso mundial post-Guerra Fría fue secuestrado. Cuando empezó la revolución cultural mundial, tras la caída del muro de Berlín, la generación de mayo 1968 tenía 40-50 años y ocupaba puestos clave en la ONU. Desde los años sesenta, mientras los gobiernos trataban de contener la amenaza soviética durante la guerra fría, se atareaba dentro y en torno a las burocracias internacionales, estableciendo redes, convirtiéndose innegablemente en experta en los ámbitos socioeconómicos tratados en las conferencias. Por entonces, empezaban a organizarse las ONG (medioambientales, feministas, pacifistas, a favor de los derechos humanos…), el poderoso lobby de control demográfico, su multimillonaria industria y varios grupos marcados por la apostasía occidental. Constituían redes cada vez más operativas. Después de 1989, estos grupos e individuos se presentaron como «los» expertos que necesitaba la comunidad internacional para dar respuesta a los nuevos retos de la humanidad. Sin encontrarse con oposición alguna, una minoría de ideólogos que compartían unas mismas opiniones y formaban parte de una intelligentsia occidental de tendencia posmoderna, utilizó su condición de «experta» para ejercer un liderazgo normativo mundial. El factor político determinante de la revolución cultural mundial fue el control efectivo que esta minoría, fuertemente financiada por la maquinaria y el Secretariado de la ONU, logró ejercer sobre los gobiernos».75

Este conjunto de ONG fue identificado, interesadamente, como «sociedad civil», primer término equívoco, ampliamente utilizado desde entonces para legitimar su acción como altamente representativa de una gran “mayoría silenciosa”; equiparable al concepto de «pueblo» secuestrado por los dirigentes de anteriores revoluciones —particularmente las de inspiración marxista— con idéntico objetivo. Debe añadirse que, para realizar ésta, la de los noventa, fue ignorada la dimensión horizontal de la sociedad. La concepción cristiana de la misma, derivada de la recta antropología que le es propia, nos dice, en palabras de  el Beato Juan Pablo II, que según la DSI, «la socialidad del hombre no se agota en el estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, como provienen de la misma naturaleza humana, tienen su propia autonomía, sin salirse del ámbito del bien común».76 Lo que vale también a nivel internacional. Todos estos grupos, los verdaderamente representativos de la sociedad, fueron cuidadosamente apartados. En muy pocos años la presencia de las ONG en las cumbres de Naciones Unidas aumentó de forma muy considerable: desde las 45 presentes en la de la Infancia de 1990 hasta las 2.400 que acudieron a la de Habitat II, seis años más tarde. «En Pekín, en 1995, 30.000 individuos representaban a 2.100 ONG».77 «A medida que el movimiento de los “actores no estatales” adquiría mayor amplitud, lo que empezó como una práctica informal se convirtió en un principio normativo, que los gobiernos adoptaron en la conferencia de Estambul de 1996: el principio de partenariado».78 Kofi Annan, como Secretario General de la ONU, fomentó su crecimiento y consolidación hasta llegar a establecer una cultura de los “partenariados”. No es de extrañar que así fuera; Annan era un firme partidario de la “nueva ética mundial”, de orientación panteísta: En el discurso inaugural de la sesión especial de la ONU, llamada Pekín + 5, en el año 2000, «hizo suya una afirmación de las organizaciones eco-feministas […] Nosotros no somos huéspedes del planeta. Nosotros le pertenecemos».79

Los agentes de aquella revolución, que del plano cultural estaba pasando al político, al tiempo que buscaban un profundo cambio religioso, trataban de lograr una transferencia de poder. Los gobiernos habían quedado al margen de todo el proceso; serían definitivamente apartados en la etapa siguiente. «Dentro de la lógica del movimiento de la sociedad civil y del principio del “partenariado”, surgieron nuevos parámetros políticos: entre otros, la buena gobernanza, la democracia participativa, el proceso de consenso, las alianzas público-privadas, el dialogo entre múltiples partes interesadas, las redes transnacionales de gobernanza, la gobernanza mundial y el nuevo multilateralismo. Estos parámetros representan tanto los métodos políticos empleados por los agentes de transformación social para tomar el poder (de forma informal pero real) como el régimen político-cultural que han puesto en marcha en todas las partes del mundo».80

Podría parecer que los agentes revolucionarios hacían uso del principio de participación defendido por la DSI, pero era algo muy diferente lo que estaban realizando a lo establecido por el mismo. Viene al caso uno de los pronunciamientos pontificios que lo proclaman; el realizado por San Juan XXIII:

Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno derecho dedicarse a la vida pública, si bien solamente pueden participar en ella ajustándose a las modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad política a la que pertenecen.81

Es decir, que en una democracia los individuos deben participar en la vida pública respetando los cauces democráticos; no al margen de los mismos, para terminar imponiendo a sus gobiernos criterios ideológicos o intereses propios, sin haber recibido un mandato para ello. Lo contrario sería la consolidación de un gobierno paralelo, ejercido a través del entramado no gubernamental que venimos analizando; algo carente por completo de legitimidad. Lo que es extensivo al ámbito internacional.

Según el lúcido análisis de Peeters, estamos entrando a gran velocidad en la «era post-democrática»; camino de una nueva dictadura; la misma sobre la que alertaba Benedicto XVI. En este nuevo sistema de relaciones internacionales se impone la nueva ética de las minorías sobre una mayoría que no ha sido consultada; sencillamente porque todo el proceso, en su primera fase, ha transcurrido al margen de los parlamentos. Y esa nueva ética «se posiciona por encima de todo lo demás: por encima de la soberanía nacional, de la autoridad de los padres y los profesores, e incluso por encima de las enseñanzas de las grandes religiones. Sobrepasa toda jerarquía legítima. Crea un vínculo directo con el ciudadano individual… es lo propio de una dictadura»;82 «Las fuerzas no alineadas ideológicamente a la visión de los “socios”, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, son excluidas del “partenariado” en cuestión. En la práctica, se ha observado que el “nuevo consenso mundial” ha sido el único objetivo de los “partenariados”: no se ha constituido ninguno que se opusiera al consenso o que propusiera visiones divergentes».83

Hay que admitir que, en ocasiones, los socios «gubernamentales» han tenido un poder más que considerable: sin ir más lejos, el sistema de «democracia participativa», que sustituye a la representativa, fue impulsada por el presidente Obama desde su llegada al poder; desde los primeros momentos de su primer mandato; teniendo como principal ejecutora a la Secretaria de Estado, señora Clinton, plenamente identificada con el proyecto presidencial. Se trata de la llamada Iniciativa por los Gobiernos Abiertos (Open Government Initiative), que en aras, supuestamente, de una mayor transparencia buscaba la participación en la acción de los gobiernos de asociaciones y ONG, que, efectivamente, como Peeters describe, sortearan el poder del legislativo. Con un claro objetivo: la implementación de la ética revolucionaria, basada en la imposición a todos los niveles de la ideología de género, la introducción de los «nuevos derechos» en las legislaciones de los “Estados-parte”, la redefinición de la familia y el control de la religión. Ninguno de estos puntos básicos es opinable; en cuanto al último, Hillary Clinton no vaciló en proclamarlo públicamente en más de una ocasión; llegando a decir:

Los códigos profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales.84

Ya está en marcha el programa de gobiernos y «subgobiernos» de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que arrancó de la cuarta cumbre internacional de la AGA, celebrada en París en diciembre de 2016 con el objetivo de avanzar en el gobierno abierto, implicando de “forma real” a la ciudadanía. Firmaron quince ciudades, entre otras París y Madrid; la alcaldesa de ésta última —no debe olvidarse que era Manuela Carmena, de Podemos— envió en representación al delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto. Para poder comprender la alianza del populismo español de extrema izquierda con la iniciativa puesta en marcha por un presidente de los Estados Unidos, arroja alguna luz que uno de los principales financieros de la operación sea el magnate George Soros —uno de los principales mecenas de la ingeniería social anticristiana a nivel mundial—, a través de su fundación Open Society. La misma que ha impulsado la legalización del aborto en Irlanda, Méjico, Zambia, Nigeria y Tanzania, a través de su Programa de Derechos de las Mujeres. Ésta curiosa alianza es un perfecto ejemplo de «partenariado» y de la manera en la que tales alianzas operan internacionalmente. Obama, Clinton, Pablo Iglesias y George Soros, por diferentes que puedan ser en muchos aspectos, comparten, en lo fundamental, un proyecto común. Y ese proyecto es mundialista.

Visto así, se comprende la oposición a la DSI, y a la propia institución eclesial, que viene ejerciendo el mundialismo; con mayor intensidad, desde la década de los noventa; realmente desde que se comenzó a fraguar en su versión moderna. No se trata solamente de que la democracia esté siendo escamoteada; ni tampoco de que peligren las libertades individuales en el caso de que llegue finalmente a establecerse ese peligroso poder universal, que violaría gravemente el principio de subsidiariedad, sino que, sobre todo, ese poder impondría una legislación contraria a la ley natural. Y ese es un límite que no puede ser traspasado; un poder basado en la “nueva ética mundialista” nunca podrá ser legítimo. La postura del magisterio es bien clara al respecto; basten dos citas: «Los hombres son libres para elegir la forma de gobierno que les plazca, con tal que queden a salvo la justicia y las exigencias del bien común»,85 como dijo Pío XI; a lo que añadió Pío XII: «La Iglesia no pretende tomar partido por una u otra de las formas particulares y concretas con que los varios pueblos y Estados tienden a resolver los gigantescos problemas de orden interior y de colaboración internacional, siempre que respeten la ley divina».86

También el magisterio había alertado sobre el método empleado por los expertos y sus socios en su labor destructora del orden natural, pronunciándose, como hizo Pío XI, contra la utilización del Estado como instrumento de revolución social. Lo hacía en la encíclica Divini Redemptoris, donde condenaba el comunismo, pero lo dicho entonces (1937) es aplicable al presente: no por “discreta”, o disfrazada, la actual es una revolución menos corrosiva que la comunista; incluso, en algunos aspectos antropológicos ha ido más lejos, y ha deslegitimado al Estado —aunque este haya sido y sea aún su colaborador— al establecer un régimen que resulta inconciliable con la ley natural; ya erradicada, incluso como concepto, de la realidad social. Sobre la justa desobediencia contamos con muy claros pronunciamientos pontificios, empezando por los de León XIII: «una sola causa tienen los hombres para no obedecer: cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino; pues en todas aquellas cosas en que se infringe la ley natural o la voluntad de Dios, es tan ilícito el mandarlas como el hacerlas»;87 «es justo entonces desobedecer a los hombres para obedecer a Dios».88 Lo que se refleja en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia cuando dice: «Reconocer que el derecho natural funda y limita el derecho positivo significa que es legítimo resistir a la autoridad en caso de que ésta viole grave y repetidamente los principios del derecho natural».89 No caben claudicaciones en esta grave materia: «Ceder el puesto al enemigo, o callar cuando de todas partes se levanta incesante clamoreo para oprimir a la verdad, propio es, o de hombre cobarde o de quien duda estar en posesión de las verdades que profesa. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios; lo uno y lo otro, contrario a la salvación del individuo y de la sociedad: ello aprovecha únicamente a los enemigos del nombre cristiano, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos».90 El límite al que debe llegar el cristiano en esa resistencia también aparece muy claro en el Compendio:

En las múltiples situaciones en las que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la dignidad humana.91

El mismo límite, a la hora de defender la verdad, señalaba también  el Beato Juan Pablo II:

«Mientras siempre es moralmente ilícito matar a un ser humano inocente, puede ser lícito, loable e incluso obligatorio dar la propia vida (cf. Jn 15, 13) por amor al prójimo o para dar testimonio de la verdad».92

Insistiendo, en la misma encíclica, en esa idea; referida a la obediencia de Dios, decía también:

Es un honor para los cristianos obedecer a Dios antes que a los hombres (cf. Hch 4, 19; 5, 29) e incluso aceptar el martirio a causa de ello, como han hecho los santos y las santas del Antiguo y del Nuevo Testamento, reconocidos como tales por haber dado su vida antes que realizar este o aquel gesto particular contrario a la fe o a la virtud.93

El modelo siempre es Jesucristo.

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1 CA, 48.
2 PD, 14.
3 Ibíd., 13.
4 Discurso a los delegados de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 1957.
5 PT, 140.
6 Ibíd., 141. La cursiva es nuestra.
7 Non abbiamo bisogno, Mit brennender Sorge, y Divini Redemptoris.
8 QA, 106.
9 Ibíd., 108.
10 «El 12 de marzo [de 1985], propusieron una resolución (B2, 85), denunciando la intervención de las sociedades secretas que comprometen la transparencia gubernamental de las instituciones europeas». Véase GUERRA, M., Masonería, religión y política, Sekotia, 2012, p. 62, en BÁRCENA PÉREZ, A., Iglesia y masonería. Las dos ciudades, San Román, 2017, p. 276.
11 REIG PLA, J.A., Carta pastoral Llamar a las cosas por su nombre, 25/9/14.
12 REIG PLA, J.A, Carta pastoral Por un plato de lentejas, 31/12/14.
13 PP, 78.
14 Ibíd.
15 LE, 2.
16 CiV, 34.
17 Ibíd., 57.
18 PEETERS, M., Marion-ética. Los “expertos” de la ONU imponen su ley, Rialp, Madrid, 2011, p. 36.
19 SIMON, P., De la vie avant toute chose, en GUERRA, M., o. c., p. 347.
20 RATZINGER, J., “La vida en el designio de Dios y en el proyecto del hombre”, en Actas de la novena conferencia internacional… DH, 28 (año X, nº 1), 1995, en GUERRA, M., o. c., p. 349.
21 EV, 4.
22 Ibíd., 11.
23 Ibíd.
24 ROUSSEAU, J.J., El Contrato Social, Libro I, Capítulo IV.
25 Ibíd.
26 ROUSSEAU, J.J., El Contrato Social, Libro II, Capítulo V.
27 BÁRCENA PÉREZ, A., Iglesia y masonería. Las dos ciudades, San Román, Madrid, 2017.
28 BÁRCENA PÉREZ, A., o. c., pp. 286-287.
29 Ángelus del 29 de mayo de 1994.
30 BÁRCENA PÉREZ, A., o. c., pp. 287-289.
31 Véase WEIGEL, G., Biografía de Juan Pablo II. Testigo de esperanza, Plaza & Janés, Barcelona, 1999.
32 WEIGEL, G., o. c., p. 965.
33 BÁRCENA PÉREZ, A., o. c., pp. 290-291.
34 WEIGEL, G., o. c., p. 953.
35 Ibíd., p. 1021.
36 Ibíd., pp. 1023-1024.
37 Comité contra la Tortura; Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité contra la Discriminación Racial; Comité de los Derechos Humanos; Comité contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW); y el Comité de los Derechos del Niño.
38 Una primera reunión con el mismo objetivo se había celebrado en Glen Cove (Nueva York) en 1996, con la participación del Alto Comisariado para los Derechos Humanos y la División para el Avance de la Mujer, ONG, “expertos” de los Comités y “expertos” en «salud reproductiva». El objetivo era introducir los «derechos reproductivos», dándoles, además, la perspectiva de «género».
39 SANAHUJA, J.C., El desarrollo sustentable. La nueva ética internacional, Vórtice, Buenos Aires, 2003, p. 184.
40 Véase Women’s Rights are Human Rights-Reproductive Rights are Human Rights. Página web de la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
41 «Sueca, especialista en cuestiones de género, que antiguamente revistaba en la oficina de la Asesora Especial para cuestiones de género del Secretario General [de Naciones Unidas], Ángela King, otra activista del feminismo». SANAHUJA, J.C., El desarrollo sustentable…, p. 184n.
42 OA, 13.
43 LE, 19.
44 FC, 126.
45 RN, 10.
46 «en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación esté en manos de laicos, de suerte que, al formar sus corazones, nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios» (León XIII, HG, 17).
47 PEETERS, M., o. c., p. 160.
48 II Transatlantic Summit, Personhood, Family, Society, Global Challenges, Global Responses, organizada por la Red Política por los Valores, el 27 y el 28 de abril de 2017.
49 En algunas intervenciones se utilizó el símil para describir dicha resistencia de países aislados que se niegan a ser colonizados por el mundialismo, sobre todo en un sentido moral.
50 II Foro Europeo One of Us.
51 La Gaceta, 28 de mayo de 2017.
52 Ibíd.
53 SANAHUJA, J.C., Poder global y religión universal, Vórtice, Buenos Aires, 2010, p. 37.
54 SANAHUJA, J.C., El desarrollo sustentable…, p. 83.
55 Ibíd., p. 84. La cursiva es nuestra.
56 Ibíd.
57 BÁRCENA PÉREZ, A., o. c., p. 271.
58 SANAHUJA, J.C., Poder global…, p. 44.
59 Ibíd., p. 55.
60 Misa pro eligendo pontífice, homilía del cardenal Joseph Ratzinger, decano del Colegio Cardenalicio, lunes 18 de abril de 2005.
61 Ibíd.
62 CA, 46.
63 En dicho editorial, enlazando con Custodi de León XIII, el futuro Benedicto XVI decía «el magisterio de la Iglesia ha denunciado en la Masonería ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la doctrina católica. Para León XIII esas ideas y concepciones se reducían a un naturalismo racionalista inspirador de sus planes y su actividad contra la Iglesia».
64 CA, 46.
65 Ibíd.
66 WEIGEL, G., o. c., p. 951.
67 Recomendación nº 24 del CEDAW, párrafo 11, en SANAHUJA, J.C., El desarrollo sustentable…, p. 192
68 Ibíd., p. 194.
69 CiV, 57.
70 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
71 Monseñor Jean-Louis Tauran, Secretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano, The defence of life in the context of international policies and norms, en Pontifica Academia Pro Vita, Evangelium vitae. Five years of Confrontation with the Society, Proceedings of the Sixth Assembly of the Pontifical Academy for Life, 11-14 February 2000, Editrici Vaticana, 2001, pp. 25-40, en SANAHUJA, J. C., El desarrollo sustentable…, p. 197.
72 Génesis, 2, 17.
73 ID, 15.
74 Libertas, 8.
75 PEETERS, M., o. c., p. 49-50.
76 CA, 13.
77 PEETERS, M., o. c., p. 50n.
78 Ibíd., p. 51.
79 The Secretary General Address to the oppening of the 23 Special Session of the General Assembly, 05-06-00; NG 52/00, gacetilla 338, ONU: Hacia una única universal (2): el URI y la Carta de la Tierra, en SANAHUJA, J. C., El desarrollo sustentable…, p. 78.
80 PEETERS, M., o. c., p. 52.
81 PT, 73.
82 PEETERS, M., o. c., p. 55.
83 Ibíd., pp. 54-55.
84 Conferencia de Hillary Clinton sobre feminismo en el Lincoln Center de Nueva York, en abril de 2015, en BÁRCENA PÉREZ, A., o. c., p. 26.
85 QA, 86.
86 Radiomensaje, 1942.
87 DI, 11.
88 LP, 10.
89 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 400.
90 León XIII, SC, 11.
91 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 570.
92 VS, 50.
93 Ibíd., 76.